Auto 1087/4
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
Sala de lo Contencioso-administrativo
Sección Primera
Recurso 01/2747/03 C

Ilmos. Señores
Presidente: D. José Díaz Delgado
Magistrados: D. Carlos Altarriba Cano, D. Juan Luis Lorente Almiñana

En la ciudad de Valencia 25/10/04

HECHOS

PRIMERO.- Por Providencia de esta Sala se acordó oír a las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.2 de la Ley 29/1998, por el plazo de diez días, acerca de la posible extensión al presente recurso de los efectos de la sentencia número 1290/2001, dictada en el recurso 78/2000, o bien se solicitara el desistimiento o continuación del recurso, habiéndose solicitado expresamente por la actora la extensión de los efectos de dicha sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Que habiéndose solicitado por la actora la extensión de los efectos de la sentencia número 1290/2001 al presente recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 29/1998, y estando los interesados en la misma situación jurídica que la contemplada en el fallo de dicha sentencia, siendo competente este Tribunal por razón del territorio y no habiendo transcurrido un año desde la notificación de dicha resolución, procede extender los efectos de la sentencia citada a los actores del presente recurso, interpuestos contra las reclamaciones administrativas números 3/4871/02, a la vista de lo dispuesto en el citado precepto, y en los artículos 110 y 111 de dicha norma procesal.

SEGUNDO.- Es reiterada doctrina de este Tribunal a la hora de cuestionar el sistema utilizado por la Administración demandada para comprobar el valor declarado en las transmisiones por los ciudadanos, ahora confirmada por la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 9 de abril de 2002, dictada en un recurso en interés de Ley, lo que supone que la actuación contraria a dicha jurisprudencia, y el mantenimiento de los recursos, inclusive a través de obligar a los ciudadanos a la carga de interponer recursos contencioso-administrativos, aunque se solicite la extensión de efectos de otras sentencias, sea considerada como contraria a la buena fe, e incurra la Administración demandada en temeridad, al objeto de imponerle las costas, tal como dispone el art. 139.1 de la Ley Jurisdiccional.

TERCERO.- Que, en consecuencia, procede estimar el/los presentes recursos, con expresa imposición de las costas procesales a la Generalidad Valenciana, a tenor de lo dispuesto en el artículo 138.1 de la ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y a tenor del art. 139.3 se determinan las costas en la cuantía de mil ciento cinco euros, por aplicación, siguiendo los criterios del I.C.A.V. de las normas 211 y 214 D) (649,09 + IVA) y aplicación del art. 83.b) de los Aranceles de Procuradores (303,99 + IVA) más, en caso de haberse devengado la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional correspondiente (art. 241.6ª LEC y art. 35 de la Ley 53/02 de 30 de diciembre).

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación.

LA SALA ACUERDA: Que extendemos a favor del recurrente H.U., S.A. los efectos de la sentencia número 1290/2001, recaída en el recurso número 78/2000, y en consecuencia estimamos el presente recurso contencioso-administrativo núm. 01/2747/03 interpuesto contra las reclamaciones administrativas números 3/4871/02, dimanante del documento nº 63.456/99, y debemos declarar y declaramos los actos impugnados contrarios a derecho y anulamos y dejamos sin efecto, con expresa condena en las costas procesales a la Generalidad Valenciana, en la cuantía de mil ciento cinco euros más, en caso de haberse devengado la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional correspondiente (art. 241.6º LEC y art. 35 de la Ley 53/02 de 30 de diciembre).

Esta resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de súplica ante la propia Sala, que ha de interponerse en el plazo de cinco días.

Lo acuerdan, mandan y firman los Iltmos. Sres. Magistrados anotados al margen.