Conclusiones


V JORNADAS NACIONALES DE JUNTAS DE GOBIERNO

La Profesión en la Legislatura 2008-2012

Burgos, 26 de abril de 2008


1. Que se aborde con urgencia la reforma y modernización de la Administración de Justicia desde la perspectiva de un Pacto de Estado sin exclusiones.

2. Necesaria participación y colaboración de los Procuradores y sus órganos de gobierno en el proceso de reforma y modernización de la Administración de Justicia.

3. Participación de Procuradores, Abogados, Secretarios Judiciales y Ministerio Fiscal en la nueva Composición del Consejo General de Poder Judicial.

4. La necesaria reforma de la Administración de Justicia debe abordarse mediante la profunda modificación de las leyes procesales para su adaptación a la modificación operada mediante Ley Orgánica 19/2003, de reforma de la LOPJ, dotándola, desde su inicio, de medios personales y materiales suficientes en orden a una total eficacia y agilidad de nuestra Administración de Justicia.

5. Un proceso sin dilaciones indebidas y con mayores garantías en orden a una tutela judicial plena pasa por una eficaz reforma de la leyes procesales, potenciando necesariamente las funciones del Procurador en su condición de colaborador de la Administración de Justicia, tanto en materia de actos de comunicación, como de ejecución en todos los ordenes jurisdiccionales, otorgando a los referidos actos eficacia plena, salvo prueba en contrario.

6. En orden a la eficacia y agilidad del proceso judicial, resulta imprescindible la total implantación en nuestra Administración de Justicia de los sistemas de notificaciones y presentación de escritos y documentos por vía telemática, así como la consolidación del expediente electrónico en la nueva oficina judicial.

7. Desarrollo reglamentario de la Ley de Acceso a la profesión de Abogado y Procurador con la necesaria participación de los Procuradores, así como la creación de una Escuela Nacional de carácter presencial en todas las Comunidades Autónomas, con independencia de las que los Consejos Autonómicos puedan llegar a crear.

8. Aprobación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal adaptándola a la realidad social del siglo XXI.

9. Aprobación de una nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria en cumplimiento del mandato legislativo, con la preceptiva intervención del Procurador en los distintos procedimientos.

10. Necesaria adaptación de los distintos estatutos corporativos a las nuevas reformas procesales, Ley de Acceso a la profesión, Ley de Sociedades Profesionales y Ley de Protección de Datos de carácter personal.