El presidente del Consejo General de Procuradores de España, Ricardo Garrido, ha mantenido un encuentro con representantes de las principales asociaciones de la judicatura y la fiscalía, quienes han convocado un paro el próximo 11 de junio en protesta por el proyecto de ley de Acceso a la Carrera Judicial y Fiscal. Durante la reunión, Garrido destacó la necesidad de que una reforma de tal magnitud sea el resultado de un proceso de consenso y tramitación adecuado, en el que se escuchen las voces de todos los operadores jurídicos. Asimismo, recordó que el informe del Consejo General del Poder Judicial ha sido especialmente crítico con la iniciativa gubernamental.
A la cita asistieron diversas figuras clave del sector, como el vicepresidente del Consejo, Fernando González Concheiro; Alberto García Barrenechea, decano del Colegio de Procuradores de Madrid y secretario del Consejo; José Antonio Fandiño, decano adjunto a Presidencia; Javier Segura Zariquiey, decano del Colegio de Procuradores de Barcelona y María Granizo, tesorera del CONSEJO. También participaron representantes de las principales asociaciones judiciales y fiscales, entre ellos María Jesús del Barco (Asociación Profesional de la Magistratura, APM), Carmen Gámiz Valencia (Asociación Judicial Francisco de Vitoria, AJFV), Roberto Garcia Cenicero (Foro Judicial Independiente, FJI), Rosa Frías (Asociación de Fiscales, AF) y Vicente González Mota (Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, APIF).
La reunión se produce en un contexto de creciente incertidumbre en el ámbito judicial. La reforma, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 13 de mayo, plantea modificaciones sustanciales en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Según los magistrados y fiscales, estas medidas ponen en riesgo principios esenciales del Estado de Derecho, como la independencia judicial, el acceso a la función pública basado en el mérito y la capacidad, y la separación de poderes.
Desde el Ejecutivo, la reforma se defiende como una iniciativa destinada a modernizar y mejorar la eficiencia del sistema judicial. Sin embargo, diversos sectores jurídicos advierten que los cambios podrían afectar la autonomía de jueces y fiscales, lo que ha generado un intenso debate sobre el futuro de la justicia en España.
El Consejo General de Procuradores de España considera esencial establecer una hoja de ruta clara que garantice la creación de nuevas plazas de jueces y fiscales, con el objetivo de consolidar un servicio público de justicia eficiente y de calidad.
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