El Consejo General de Procuradores pide al Gobierno que no detenga el desarrollo de la pasarela al RETA

Alberto García Barrenechea reclama mantener los trabajos reglamentarios para evitar retrasos en una medida que afecta a miles de profesionales y cuyo desarrollo tiene un plazo legal fijado por las Cortes Generales

Madrid, 6 de octubre de 2026. El Consejo General de Procuradores de España (CGPE) ha solicitado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que la actual situación de Gobierno no suponga un freno para la tramitación del reglamento que debe desarrollar la denominada pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), una de las medidas más esperadas por los profesionales adscritos a las mutualidades alternativas.

A través de un escrito remitido al Ministerio, el presidente del CGPE, Alberto García Barrenechea, ha defendido la necesidad de que continúen los trabajos preparatorios y técnicos necesarios para culminar un desarrollo normativo cuya aprobación fue expresamente ordenada por las Cortes Generales al aprobar la Ley 2/2026, de 29 de julio.

La norma establece que las condiciones para la transferencia de los derechos económicos acumulados por los mutualistas y su conversión en períodos de cotización al RETA deberán definirse reglamentariamente en un plazo máximo de tres meses desde la aprobación de la ley. Un calendario que, a juicio del Consejo General, obliga a seguir avanzando pese a las dificultades derivadas del actual contexto institucional.

«Somos plenamente conscientes de las limitaciones que implica un Gobierno en funciones y de las cautelas jurídicas que deben observarse en este escenario. Pero también entendemos que debe hacerse todo lo jurídicamente posible para evitar que una situación coyuntural termine retrasando el cumplimiento de un mandato legal expreso», ha señalado García Barrenechea.

La preocupación del Consejo General responde, además, a la incertidumbre existente entre miles de profesionales que permanecen a la espera de conocer las condiciones definitivas que les permitirán acogerse a la pasarela. La propia ley vincula el inicio del plazo para solicitar la transferencia de derechos económicos a la entrada en vigor del reglamento, de modo que cualquier retraso en su aprobación se traduciría en una demora efectiva para quienes esperan poder acogerse a esta medida.

Desde la institución consideran que la situación política no debería impedir que continúen desarrollándose aquellos trabajos que permitan tener preparado el texto normativo y avanzar en su tramitación dentro de los márgenes que permite el ordenamiento jurídico.

«No se trata de ignorar las limitaciones propias de un Gobierno en funciones, sino de aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece el marco legal vigente. Existe una ley aprobada por las Cortes Generales, existe un mandato de desarrollo reglamentario y existe un plazo concreto marcado por el legislador. Por ello, creemos que es fundamental mantener e impulsar su tramitación», ha añadido el presidente del CGPE.

El Consejo General ha trasladado asimismo al Ministerio su disposición a seguir colaborando activamente en la elaboración del reglamento, aportando la experiencia y las propuestas del colectivo para garantizar un marco jurídico equilibrado, seguro y técnicamente sólido.

Con esta petición, la institución persigue evitar que la incertidumbre política se traslade a los mutualistas y garantizar que una reforma llamada a marcar el futuro previsional de numerosos profesionales pueda desarrollarse conforme a los plazos previstos por la ley. Una reivindicación que, para el Consejo General de Procuradores, responde a una premisa sencilla: que los cambios de escenario político no retrasen una solución que miles de profesionales llevan años esperando.