26 Mar Alberto García Barrenechea: ««La ejecución en España es desastrosa. Sólo 1 de cada 4 sentencias se ejecuta
Madrid, viernes 27 de marzo del 2026. Procuradores y letrados de la Administración de Justicia, hablando sobre el futuro de la ejecución en el proceso judicial. Así fue la mesa «La ejecución en el proceso judicial, retos y perspectivas», que celebró en el marco del I Congreso Nacional de la Asociación Profesional de Letrados de la Administración de Justicia (PROLAJ) que se está celebrando en el Colegio de la Abogacía de Madrid.
Un primer Congreso que, en su primer debate, «Los retos del futuro de la Justicia», reunía ante la mesa a grandes nombres propios del mundo judicial: Juan Carlos Campo, magistrado del Tribunal Constitucional y exministro de Justicia; Pilar Llop Cuenca, magistrada y exministra de Justicia; Eduardo Torres-Dulce, abogado y exfiscal general del Estado, y Consuelo Madrigal, fiscal de Sala (equivalente a la categoría de magistrada del Supremo) y exfiscal general del Estado. En representación de la Procura, su presidente, Ricardo Garrido, acompañado por el vicepresidente del Consejo General de Procuradores de España, Fernando González-Concheiro Álvarez y por el secretario del Consejo, Alberto Garcia Barrenechea.
En ese marco, los procuradores y LAJs han debatido abiertamente sobre el futuro de la ejecución.
«Los procuradores llevamos años cumpliendo tareas ahora incluidas en la 1/2025. La Ley ha venido a reconocer esas acciones, pero poco más», aseguraba en este sentido la decana del Colegio de Procuradores de Madrid, Carmen Giménez Cardona. Una normativa en la que se contempla la posibilidad de crear una especie de «comisiones» de unión entre LAJs y procuradores, para favorecer la ejecución en el proceso judicial. Ello, convirtiendo a los procuradores en agentes de ejecución, «bajo la necesaria supervisión de los LAJs».
Posición que compartía el secretario del Consejo General de Procuradores de España (CGPE), Alberto García Barrenechea. «Convirtiéndonos en agentes de ejecución, y trasladando la misma a los LAJ para la aprobación, se consigue más protección, como ya se hace en más de 100 países», destacaba. Una solución que podría acabar con los terribles datos de la ejecución en el país.
El secretario del Consejo, insistió en que España no puede mantener el actual ritmo de saturación sin revisar el reparto de funciones. “Más procura —con más competencias y responsabilidad— significa descargar a los juzgados y ofrecer respuestas más rápidas y eficaces a ciudadanos y empresas”, subrayó. Según el dirigente, la congestión no se resolverá con más juzgados, sino con un mejor aprovechamiento del potencial profesional existente.
Alberto Garcia Barrenechea defendió que la justicia española debe mirar hacia Europa y asumir las buenas prácticas que funcionan en otros países: “Incorporar y adaptar lo que da resultados fuera es una oportunidad estratégica para modernizar la procura y hacer más eficiente el sistema”.
«La ejecución en España es desastrosa. Sólo 1 de cada 4 sentencias se ejecuta. El CGPJ aseguraba que la media de ejecuciones son 38 meses», explicaba Barrenechea. «Algo que demuestra que el sistema de ejecución es un sistema fallido».
La ejecución, con gran efecto económico
«Si no se trabaja más lento, es porque estáis los LAJ. Pero no se va a poder avanzar sin inversión. Ya nos gustaría tener los medios de Hacienda», lamentaba el secretario de los procuradores de España. Un equilibrio entre letrados de la administración de Justicia y procuradores que también apoyaba Adrián Gómez Linacero, presidente autonómico de PROLAJ en Madrid.
«No veo inconveniente, ni en protección de datos, ni en técnica, en que se incluya a los procuradores en la ejecución. Porque el efecto económico que tiene la ejecución es extraordinario», aseguraba. Palabras con las que Gómez Linacero no sólo abría la puerta a los procuradores como agentes de ejecución, sino que también exponía que la falta de medios no es el único «problema» a afrontar.
