07 May Fernando González-Concheiro: España invierte en justicia un 30% por encima de la media europea. «Todos gastan menos. Todos resuelven más».
Congreso Internacional Reflexión y balance tras un año de la Ley Orgánica 1/2025
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Madrid, 7 de mayo del 2026. La Justicia española afronta hoy un volumen histórico de más de cinco millones de procedimientos, el doble que hace una década y cuatro veces más que hace cinco años. Un año después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, la gran reforma de eficiencia procesal, el balance sigue siendo crítico. Esta es la principal conclusión del Congreso Internacional “Reflexión y balance tras un año de la LO 1/2025”, celebrado en el Consejo General de Procuradores de España y organizado por la UNED, donde expertos del ámbito jurídico analizaron sin filtros el estado real del sistema.
Fernando González-Concheiro, secretario del CGPE, desmontó el mito de la falta de inversión: España destina 97 euros por habitante, un 30% más que la media europea. El problema, afirmó, es el modelo organizativo, y puso como ejemplo a Portugal, que redujo un 60% su pendencia tras otorgar a sus agentes competencias plenas en ejecución. La LO 1/2025, señaló, es “un avance”, pero insuficiente.
María Luisa Montero, experta en MASC, alertó del desconocimiento generalizado sobre mediación y conciliación, lo que provoca que expedientes que deberían resolverse fuera del juzgado terminen entrando en él. Recordó que los plazos previos son de 15 días naturales, un límite que se incumple de forma habitual.
Por su parte, Jaume Lluís Asó Roca denunció que la reforma ha ignorado las funciones públicas que la ley atribuye a los procuradores, desde la obligación de subsanar defectos procesales hasta la anticipación de gastos o la presencia obligatoria en tribunales. La LO 1/2025, afirmó, no solo no reconoce estas funciones, sino que añade nuevas barreras.
El congreso concluyó con un mensaje claro: la reforma ha supuesto avances, pero sigue siendo incompleta. La ejecución continúa colapsada, los MASC no funcionan por falta de formación y las funciones públicas del procurador siguen sin el reconocimiento legislativo que exige la realidad del sistema. Mientras tanto, Portugal demuestra desde hace veinte años que otra vía es posible.
La mesa en la que se abordó el estado de la cuestión estuvo formada por Jaume Lluis Asó Roca, procurador, Marina Martíln González, profesora ayudante de la UNED –moderadora–, Alberto García Barrenechea, presidente del CGPE, Fernando González-Concheiro, secretario CGPE, y María Luisa Montero, procuradora.
