15 Jun Las principales voces de la Justicia alertan en el Congreso: la Ley de Eficiencia «ralentiza» el sistema un año después de su entrada en vigor
Madrid, 15 de junio del 2026. Un año después de su entrada en vigor, la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia se sometió este martes a un examen directo por parte de quienes la aplican y la padecen cada día. No fueron políticos quienes la evaluaron, sino representantes de los principales operadores jurídicos del país, reunidos en la Sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados en la jornada «Un año de la Ley de Eficiencia #RevisiónYa», organizada por el Grupo Parlamentario Popular.
La mesa de debate estuvo integrada por Ernesto Casado, presidente del CNLAJ; Salvador González, presidente de la Abogacía Española; Ana Sánchez, adjunta al director de ABC; Alberto García Barrenechea, presidente del Consejo General de Procuradores de España; y Javier Jordán de Urríes, presidente de CSIF Justicia.
Los cinco coincidieron en un diagnóstico contundente: la reforma, diseñada para agilizar, ha terminado enlenteciendo la Justicia en su primer año de aplicación.
La abogacía: “Somos la primera oficina judicial que visita un ciudadano”
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, abrió el debate recordando que se trataba de un foro profesional, no político. Subrayó el papel de los 150.000 abogados como primer termómetro del funcionamiento real de la Justicia:
“Somos la primera oficina judicial que visita un ciudadano y la primera en la que se queja ante cualquier disfunción”.
Los letrados: una «reforma copernicana» en un plazo imposible
El presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, Ernesto Casado Rodríguez, aportó la visión de quienes, según dijo, ven “la otra cara de la moneda”. Recordó que su colectivo lleva más de veinte años defendiendo un modelo basado en servicios comunes, por lo que su crítica no se dirigía al diseño de la reforma, sino a su ejecución.
Casado calificó la implantación como “caótica” y lamentó que no se ampliara el plazo transitorio desde el inicio:
“Era incorrecto hacer una previsión tan corta para promover una reforma copernicana del sistema de justicia”.
Denunció además que el despliegue ha sido “tardío, desigual e irregular”, especialmente en el territorio gestionado directamente por el Ministerio —Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y Baleares—, que representa apenas el 20% del sistema judicial. Allí, la aplicación acelerada desde el 1 de enero fue, en sus palabras, “atropellada”.
La procura: “Hemos cambiado el nombre en la puerta, pero dentro seguimos igual”
El presidente del Consejo General de Procuradores de España, Alberto García Barrenechea, coincidió plenamente con el diagnóstico y estructuró su intervención en dos planos: la ley y su implementación.
Entre los aspectos positivos destacó:
- La creación de cerca de 700 nuevas plazas de jueces, aunque advirtió que no estarán operativas hasta 2028 o 2029.
- La futura unificación de criterios entre tribunales de instancia.
- Las nuevas posibilidades de la procura en los actos de ejecución, una reivindicación histórica que en los 105 países donde existen agentes de ejecución ha reducido notablemente los tiempos.
Sin embargo, el balance negativo fue más amplio. El principal problema señalado por García Barrenechea fue la ausencia de un expediente digital plenamente operativo:
“Me parece muy poco que el motor sea fantástico si yo no tengo ruedas en el coche”.
Un veredicto compartido: la ley necesita revisión urgente
Los participantes coincidieron en que la reforma ha generado más carga, más complejidad y más lentitud, y que su aplicación práctica está lejos de los objetivos anunciados. La falta de medios, la ausencia de interoperabilidad tecnológica y la precipitación en la implantación fueron señaladas como causas principales.
