23 Ene El Consejo General de Procuradores de España participa en la presentación del XIX Informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia
Madrid, 22 de enero del 2026.El Consejo General de Procuradores de España (CGPE), representado por su presidente, Ricardo Garrido, el secretario Alberto García Barrenechea y la tesorera María Granizo, participó junto a la Fundación Aranzadi LA LEY en la presentación de la XIX edición del Informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia, un estudio de referencia que desde 2007 analiza la evolución del sistema judicial español, sus fortalezas, carencias y los retos que condicionan la calidad del servicio público de la Justicia.
El Informe, presentado este jueves, revela leves signos de mejora en el funcionamiento de los juzgados españoles. En 2024 —último ejercicio con datos completos— los tribunales resolvieron 7.291.024 asuntos, un 13% más que el año anterior. La tasa de resolución pasó de 0,92 a 0,95, acercándose al equilibrio entre asuntos ingresados y resueltos, aunque sin alcanzarlo. Pese a este avance, el estudio advierte de que la recuperación aún no es sólida: los órganos judiciales siguen acumulando más asuntos de los que pueden resolver y en algunas regiones las vistas se están señalando ya para 2029.
La edición de 2025 pone el foco en la implantación de los Tribunales de Instancia, uno de los ejes centrales de la Ley Orgánica 1/2025, que introduce medidas para reforzar la eficiencia del Servicio Público de Justicia. El Informe ofrece una radiografía rigurosa de la actividad judicial y formula propuestas para mejorar la capacidad resolutoria de juzgados y tribunales, así como su adaptación a los cambios normativos y organizativos.
Durante la presentación, Cristina Sancho, presidenta de la Fundación Aranzadi LA LEY, destacó que el Informe combina análisis cuantitativo —basado en datos oficiales y en la herramienta Jurimetría— con un examen cualitativo del impacto de la nueva Ley de Eficiencia. Aunque el Índice General de la Actividad Judicial muestra cierta recuperación, recordó que en 2024 el sistema aún no logró resolver más asuntos de los que ingresaron, lo que evidencia la magnitud de los desafíos pendientes.
El análisis cualitativo subraya que la Ley Orgánica 1/2025 está teniendo un impacto relevante en la organización y funcionamiento de la Administración de Justicia. No obstante, los expertos alertan de riesgos que podrían comprometer el éxito del nuevo modelo si no se acompaña de planificación adecuada, formación suficiente e inversión en medios materiales y humanos, así como de una mayor unificación de criterios y colaboración entre todos los actores del sistema.
Desde la judicatura, Miguel Pasqual del Riquelme, magistrado y expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, señaló que la implantación de los Tribunales de Instancia cumple promesas largamente pendientes de transformación del modelo organizativo, tradicionalmente basado en juzgados unipersonales rígidos e ineficientes. Sin embargo, advirtió de que el ritmo de implantación, la falta de dotación presupuestaria y la escasa planificación pueden generar resistencias y limitar el alcance real de los cambios.
Por su parte, Natalia Hermoso de Mena, letrada de la Administración de Justicia, destacó que la LO 1/2025 supone una reforma estructural de gran calado que exige mayor coordinación de los servicios comunes y una optimización más eficiente de unos recursos ya limitados. Subrayó además el papel esencial del Expediente Judicial Electrónico como base tecnológica para garantizar una tramitación ágil y coherente.
Desde la abogacía, María Gil-Carcedo de Morales, directora de Legal Contencioso en Moeve, insistió en la necesidad de aportar soluciones que refuercen la seguridad jurídica de las operaciones empresariales y de sus grupos de interés. Destacó el potencial de la tecnología y la digitalización para impulsar la calidad, la eficiencia y la agilidad del sistema judicial, garantizando una adecuada coordinación entre tribunales y oficinas judiciales.
Finalmente, Carmen Giménez Cardona, vicedecana del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, puso el acento en la importancia de una mayor implicación y coordinación entre todos los operadores jurídicos para lograr un servicio público de Justicia más reconocible, accesible y cercano a la ciudadanía.
