18 Feb El Consejo General de Procuradores participa en las Jornadas Procesales sobre Tribunales de Instancia y el Nuevo Modelo de Justicia
Madrid, 18 de febrero del 2026.El presidente, vicepresidente y vicesecretario del Consejo General de Procuradores de España (CGPE), Ricardo Garrido, Fernando González-Concheiro y Javier Segura Zariquiey, junto al decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM) y secretario del CGPE, Alberto N. García Barrenechea, participaron en las Jornadas Procesales sobre Tribunales de Instancia y el Nuevo Modelo de Justicia.
El encuentro, organizado por la Asociación Profesional de Letrados de la Administración de Justicia (PROLAJ) —presidida por el letrado judicial Alejandro Asensio—, tuvo lugar en la sede de la Universidad Rey Juan Carlos en la Plaza de Manuel Becerra (Madrid). Las jornadas contaron con la intervención del secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, quien analizó el presente y futuro de la Administración de Justicia en el actual contexto de reformas.
El CGPE subraya la necesidad de reforzar la colaboración con los LAJs
Durante su participación, los representantes del Consejo General de Procuradores destacaron la importancia de tender puentes y fortalecer el diálogo con los Letrados de la Administración de Justicia, especialmente en un momento de profundas transformaciones estructurales. El CGPE recordó que los LAJs son pieza clave de la oficina judicial y que la implantación de los Tribunales de Instancia genera inquietud entre todos los operadores jurídicos.
Barrenechea alerta sobre una implantación precipitada de la Ley de Eficiencia Procesal
En su ponencia titulada “El criterio de los operadores jurídicos”, el decano de Madrid, Alberto N. García Barrenechea, defendió las bondades teóricas de la Ley de Eficiencia Procesal L1/2025, pero advirtió sobre los riesgos de una implantación acelerada sin las infraestructuras necesarias.
Barrenechea contrastó la visión ideal expuesta por ponentes como Juan Carlos Campo y Manuel Olmedo con la “realidad delicada” que se vive en los juzgados, donde la falta de un expediente digital único mantiene colapsado el sistema.
Asimismo, denunció la insuficiente inversión prevista —“410 millones de euros frente a los 4.000 necesarios”— y el plazo extremadamente corto de implantación (3 a 6 meses), que en lugar de agilizar la Justicia “ha provocado su paralización”, comparándolo con “poner ruedas a un coche sin autopista”.
Como alternativa, propuso una implantación gradual por jurisdicciones:
- Contencioso-administrativo en un año
- Penal en el siguiente
- Civil en un plazo de tres años
Este enfoque permitiría detectar problemas y corregirlos antes de extender el modelo.
Compromiso de los procuradores con el servicio público
Pese a las dificultades, Barrenechea mostró optimismo a largo plazo, siempre que se aumente la financiación y se ajusten los plazos. Subrayó el compromiso de los procuradores como servicio público esencial en la transformación de la Justicia. Su intervención fue especialmente valorada por su realismo y por recordar que “la justicia es un servicio público”, advirtiendo que los próximos 1-2 años serán decisivos para el éxito o fracaso del nuevo modelo.
