
04 Feb La Procura vs. una Justicia eficiente», por Javier Segura Zariquiey, decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Barcelona y vicesecretario del CGPE
ARTICULO DE OPINIÓN PARA EXPANSIÓN:
Si bien es cierto que la reforma del sistema judicial que planteó el Ministro Campos, mediante tres importantes leyes (organizativa, digital y eficiencia) para pasar de una Justicia del Siglo XIX al Siglo XXI, tal reforma no ha sido legislada con esa arquitectura inicial, y ha visto la luz, esencialmente, con la aprobación del RDL 6/2023 y la LO 1/2025, las cuales suponen un cambio de paradigma en la configuración de la Administración de Justicia en nuestro país y, por fin, pasar de una Justicia decimonónica a una Justicia moderna y eficiente, acorde con las necesidades que la ciudadanía exige.
La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, ha sido diseñada con la finalidad de implementar medidas destinadas a agilizar y dotar de mayor eficacia a nuestro sistema judicial, enfrentando los desafíos que han caracterizado a la Justicia hasta el momento.
Entre las novedades más destacadas de esta reforma, se encuentran los métodos alternativos de resolución de conflictos, concebidos como una herramienta para descongestionar los juzgados y tribunales.
Sin embargo, aunque esta medida podría ser efectiva para disuadir la interposición desmedida de demandas, habrá que evaluar en los próximos meses si cumple con su objetivo o si, por el contrario, se limita a retrasar los litigios, transformando los intentos de acuerdos fallidos en demandas judiciales que se presentarán meses más tarde, agravando la saturación actual del sistema.
Por otro lado, la reforma incluye cambios organizativos y procesales de gran calado. Si bien las intenciones que subyacen a estas modificaciones son incuestionablemente positivas, el verdadero éxito de esta reforma dependerá de su implementación práctica y de que los objetivos planteados se materialicen en beneficios reales para el justiciable. En este sentido, resulta crucial un análisis riguroso de su aplicación, acompañado de una inversión económica significativa y la dotación de los medios necesarios para su operatividad.
Desde la perspectiva de los procuradores, consideramos que una vacatio legis de tres meses es insuficiente para que una reforma de tal envergadura pueda implementarse adecuadamente. Este periodo tan breve plantea serias dudas sobre la capacidad de los operadores jurídicos y de las Administraciones para adaptarse a los cambios que la reforma exige. Sin una auténtica aportación de recursos económicos y medios por parte de la Administración del Estado, esta ambiciosa reforma corre el riesgo de quedarse en papel mojado y de no satisfacer las expectativas generadas.
Además, es fundamental que las Administraciones competentes proporcionen los recursos técnicos y humanos necesarios para garantizar la eficacia de las medidas. En este contexto, los procuradores de los tribunales, como profesionales del Derecho, reiteramos nuestra disposición a actuar como coadyuvantes indispensables de la Administración de Justicia. Nuestro papel debe ir más allá de ser el mero nexo de unión entre las partes procesales y los órganos judiciales.
Nuestra contribución se centra en dos pilares fundamentales:
- Agilidad en la fase declarativa: Las funciones que ya desempeñamos nos permiten aportar celeridad al desarrollo procesal, actuando en cooperación con los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ).
- Ejecución efectiva de las resoluciones judiciales: En este aspecto, los procuradores aspiramos a convertirnos en verdaderos motores judiciales, contribuyendo a reducir significativamente el elevado porcentaje de resoluciones que actualmente quedan sin ejecutar. Este es un ámbito clave en el que nuestra intervención puede marcar la diferencia, garantizando que las decisiones judiciales se traduzcan en resultados tangibles para los ciudadanos.
En los últimos años, hemos logrado avances legislativos que nos permiten asumir un rol más activo en la colaboración con el servicio público de justicia, respetando plenamente las funciones esenciales de los funcionarios y los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ). Sin embargo, aún quedan reivindicaciones pendientes que podrían optimizar significativamente este servicio, como el acceso al Punto Neutro Judicial, lo que facilitaría la agilización de los trámites en la ejecución y otros servicios complementarios, siempre bajo la supervisión judicial y de los LAJ.
La modernización de la Justicia: un reto compartido
Como señalamos en anteriores ocasiones, la voluntad política para implementar estas reformas parece firme. No obstante, insistimos en que, sin una inversión económica adecuada y un compromiso real para proporcionar los medios necesarios, estas reformas podrían terminar siendo otro cambio nominal más, como ya ocurrió en 2003.
El compromiso del Gobierno y de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia judicial es evidente: impulsar esta trascendental reforma legislativa. En este contexto, la procura seguirá desempeñando su labor con lealtad y profesionalismo, siempre al servicio del interés general y con el firme propósito de garantizar la tutela judicial efectiva. Una Justicia tardía, como bien sabemos, constituye una vulneración de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución.
Desde la Procura, siempre estaremos dispuestos a colaborar de manera leal y profesional en beneficio del interés general, trabajando para hacer realidad el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Porque, como reza nuestra Constitución, una Justicia tardía no sólo es ineficaz, sino que constituye una clara vulneración de los derechos fundamentales.
La Ley Orgánica 1/2025 es, sin duda, un paso importante hacia un modelo de Justicia moderno y eficiente. Ahora queda en manos de todos los operadores jurídicos, en colaboración con las Administraciones, convertir esta reforma en una herramienta efectiva que responda a las demandas de la ciudadanía y garantice un servicio público de calidad.
Javier Segura Zariquiey, decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Barcelona y vicesecretario del Consejo General de la Procura.
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