19 Ene «De la tensión al pacto», Tribuna de Opinión del presidente del CGPE, Juan Carlos Estévez en exclusiva para «El Mundo»
DE LA TENSIÓN AL PACTO
Por Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, presidente del Consejo General de Procuradores de España
Doña Constitución acaba de cumplir 43 años. Tiene muy buen aspecto, alguna pequeña arruga y quizás algún michelín, pero se le ve fresca y lozana.
Sin embargo, su gestación no fue nada fácil. Hagamos todos un ejercicio profundo de imaginación y trasladémonos al año 1975, a través del túnel del tiempo.
En noviembre de aquel año, España era un hervidero de reuniones, comentarios, ideas, pronósticos y cábalas de todo tipo. El General Franco estaba agonizando en el Hospital de La Paz y el futuro de España se presentaba incierto.
En aquel momento había mucha gente que había sido testigo, en primera persona, del fracaso de la Segunda República, con sus dos revoluciones, la de Asturias y la Catalana, así como el posterior advenimiento de la tragedia que supuso la Guerra Civil.
Por la calle, en las tertulias, en los medios de comunicación, y por doquier, había tensión y también miedo. Miedo a lo desconocido pues era difícil prever lo que iba a pasar, ya que lo que parecía más claro es que el régimen de la dictadura franquista no podía sobrevivir por mucho tiempo.
El 20 de noviembre murió Franco y, a continuación, fue proclamado Jefe de Estado, a título de Rey, SM Don Juan Carlos I.
Es indudable que la sociedad ansiaba un cambio, aunque no sabría muy bien como podría conseguirse, evitando cualquier tipo de violencia o cualquier paso revolucionario.
Dicho de otra manera, fluía una fuerza de abajo hacía arriba que mayoritariamente impulsaba para enfilar el camino hacia la democracia.
Y es en ese momento inicial cuando, desde arriba, el Rey decide que España tiene que llegar a ser un país democrático, estableciendo así una corriente de arriba abajo que, con la de sentido contrario a la que me he referido anteriormente, crea un efecto multiplicador y llega a actuar como vasos comunicantes.
Conviene recordar la famosa frase de Torcuato Fernández Miranda “De la Ley a la Ley a través de la Ley” que, históricamente, ha venido a resultar el pistoletazo de salida de la transición española, por otra parte, tan estudiada y tan admirada por el derecho comparado.
Aparentemente, y después de las primeras elecciones democráticas, la configuración parlamentaria era muy similar a la de nuestros días: un partido fuerte de centroderecha (UCD), otro también poderoso de centroizquierda (PSOE), el de derechas (Alianza Popular) y el de izquierdas (Partido Comunista). Además, los partidos nacionalistas de entonces, tanto el vasco como el catalán, amén de otras pequeñísimas representaciones parlamentarias sin ninguna trascendencia en aquel momento.
Pero sí que había algo que era totalmente distinto a lo existente en nuestros días: la voluntad del cambio pacífico, la idea del acuerdo, de la colaboración, del pacto.
Este sí que fue la gran fuerza que pudo alumbrar a nuestra Constitución de 1978. Nadie renunciaba a sus principios, pero todo el mundo estaba dispuesto a buscar los puntos de encuentro, apartando las divergencias. Así, y dentro de ese espíritu que contaba también con el apoyo firme de la ciudadanía, fue posible la aparición de una Constitución de todos y para todos.
Durante los siguientes 30 años, España consiguió los mayores avances de toda su historia, sociales, democráticos y económicos. Baste recordar hitos históricos como los pactos de la Moncloa (aunque fueran inmediatamente anteriores a la Constitución, forman parte de la Transición y del periodo predemocrático), pacto de Toledo, entrada de España en la Unión Europea, entrada de España en el Euro, consideración de España internacionalmente como una democracia avanzada, incremento de la renta a niveles muy superiores a los países de nuestro entorno, y un sinfín de cosas más, con suficiente entidad para dedicarles un estudio mucho más detallado y profundo al que aspiran estas líneas.
La llegada de la crisis económica en los años 2007 y 2008 quiero pensar que fue el punto de partida para que la convivencia y el pacto fueran pasando a un segundo plano y comenzaran a dejar paso, nuevamente, a la tensión, aunque eso sí, esta vez tensión sin miedo.
Poco a poco la situación política y social ha ido degenerando en estos últimos años y creo, con gran dolor de corazón, que ha venido produciéndose de arriba abajo, llegando el pueblo español a repetir, en ocasiones miméticamente, los desencuentros de sus gobernantes.
Hoy en día priman los gritos sobre los argumentos, los insultos sobre la razón, el considerar al contrario enemigo en lugar de adversario, y lo que es peor, prima la bandera del inmovilismo ideológico sobre el acercamiento al que es distinto, con ánimo de generar entendimiento.
Parece que el político que se aviene a negociar y consigue pactos, no es el más aplaudido socialmente. Y lo tremendo de todo ello es que estas reacciones se han transmitido a la ciudadanía, la que comienza a actuar de manera similar.
Este, no es el escenario deseado, ni para el progreso, ni para el brillo de la democracia, ni para el avance económico, ni para nada.
Hemos regresado a una situación similar a la de 1975, pero con un problema añadido: no se dan las circunstancias para llegar al pacto, ni desde abajo, ni desde arriba.
Por eso, sirvan estas líneas de un llamamiento a mis compatriotas para que abandonen la tensión y comiencen a utilizar la razón, en lugar de los sentimientos, para recuperar el cambio hacia el pacto.
Y aquí, voy a adentrarme en el mundo de las instituciones, y más especialmente, en el de la Justicia.
Todos echamos de menos el Pacto de Estado de la Justicia que llegó a firmarse en 2002, y tempranamente desaparecido. Creo que a todos los que ejercemos profesionalmente en el ámbito de la Justicia nos gustaría ver a las fuerzas políticas poniéndose de acuerdo en temas que parecen de estricta necesidad y actualidad.
En mi experiencia institucional he podido comprobar siempre que son muchas más las cosas que nos unen, y ello se mire desde la plataforma ideológica que se mire, porque la justicia es también un servicio público del Estado, en el que también colaboramos otras profesionales liberales.
Siempre se repite que la Justicia es lenta. Y no voy a ser yo quien niegue esta afirmación, aunque sí que he de matizarla. Es más lenta de lo que nos gustaría, pero de muy buena calidad, e incluso de mayor rapidez si la comparamos con países avanzados de nuestro entorno.
Sin embargo, nuestra Justicia fracasa estrepitosamente en ámbitos determinados, como pueden ser algunos macrojuicios, en la jurisdicción penal, y como también resulta con la ejecución de sentencias en la jurisdicción civil. Ambas cuestiones tienen remedios, y habrá que ponerse de acuerdo para solucionar el problema, mirando al derecho comparado, pues en esto sí que sacamos mala nota comparativamente hablando.
Constantemente viene diciéndose que hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial, y es una obviedad que así hay que hacerlo, cuanto antes mejor.
También se habla de que ha de conseguirse su despolitización, sugiriéndose distintas fórmulas para la elección de los vocales de extracción judicial, y olvidándose constantemente de los vocales pertenecientes al cupo de juristas de reconocido prestigio. Si bien los primeros representan un 60% de los miembros que componen el Consejo, los segundos suman la nada despreciable cifra del 40%, es decir, casi la mitad del mismo. Y nadie realiza propuestas sobre la elección de estos últimos, que conduzcan a configurar un Consejo más puro, técnico, independiente y exento de politización.
Bastaría con que todas las profesiones jurídicas, desde las que están compuestas por funcionarios públicos, hasta aquellos cuyos miembros son profesionales liberales, elaborasen una lista con un número limitado y determinado de personas, listas que serían propuestas a ambas Cámaras, Congreso y Senado, para la elección por ellas de los 8 vocales no jueces.
No conviene olvidar tampoco la necesidad de un gran pacto de planta de demarcación judicial que las actualice y modernice, atrayendo la Justicia española al siglo XXI. Sobre esta materia los intentos se han sucedido, pero es una cuestión que entiendo merece acuerdos generales para que pueda pervivir en el tiempo.
Las dimensiones de este artículo no me permiten más propuestas, ni siquiera profundizar en las que dejo expuestas. Pero me sentiría muy orgulloso y satisfecho si mi pequeña colaboración pudiera acercarnos a las políticas de convivencia, diálogo y pacto.
